CÓMO PODRÍA EL GOBIERNO AUXILIAR A LOS DEUDORES CON PROBADA DIFICULTAD DE PAGO

Por Dionis Durán González. La gran crisis económica mundial, derivada de los graves efectos producidos por la pandemia del covid-19, ha impactado de manera negativa a todos los sectores y actores de la sociedad, en este caso de la sociedad o mundo financiero.

Esta crisis económica ha impactado de manera negativa el sistema financiero, afectando la productividad de los bancos e instituciones financieras; de las grandes empresas, de las mipymes, y hasta de los propios gobiernos, que son los administradores de los dineros del Estado. Afectando también en la misma medida, quizás con mayores estragos, a las personas físicas, a los trabajadores, a las clase media y baja, a los profesionales liberales o independientes.

¿Se imaginan decenas de miles de dominicanos teniendo que perder o vender a precios pírricos sus casas, que son sus hogares, sus vehículos de motor, que son su medio de transporte, y demás bienes fundamentales, por incapacidad de pago, a consecuencia de los daños causados por el covid-19? 

Al momento de la publicación de esta propuesta, el gobierno, a través del Banco Central, ha dispuesto facilitar al mercado financiero la suma de 40 mil millones de pesos para préstamos y refinanciamientos a baja tasa de interés, no más de un 8% anual, lo que constituye una importante medida en beneficio de las mipymes y los hogares. Sólo que esta medida no es suficiente, precisa de otras medidas complementarias, por lo que sigue vigente la presente propuesta

Las respuestas han de ser, además de sombrías, desalentadoras para estos mayoritarios sectores y actores de nuestra sociedad, de nuestro país…y las consecuencias sumamente lesivas al aparato productivo y al sistema económico de la nación; lacerando, en consecuencia, el desarrollo, progreso y bienestar de la nación.

No se trata de que el Estado tenga que hacer ninguna erogación de dinero a favor de estos importantes sectores de nuestra sociedad, sino de un acto de protección y solidaridad para con estas mipymes, asalariados e independientes, de fundamental incidencia en el aparato productivo de nuestro país. Tampoco se trata de que los sistemas bancarios, financieros y monetarios nacional pudieren salir perjudicados, pues es el gobierno, como rector y regulador, quien debe asumir la protección e ir en auxilio de estos sectores y actores productivos de la nación. No sólo como un acto de solidaridad, sino también como una medida de previsión tendente a evitar graves y mayores daños a la economía nacional, diezmada, desde ya, por los letales y universales estragos de la pandemia.

Entre los afectados por esta vorágine económica y sanitaria, tenemos a las empresas y negocios, mayormente las mipymes, y a las personas físicas, asalariados, trabajadores, profesionales independientes, la clase media, que al ver reducidos sus ingresos, se han visto limitados y hasta inhabilitados en su capacidad de pago, no solamente para poder costear sus gastos fijos esenciales, de alimentación, pago de casa, salud y educación, sino también, y con mayor dificultad, para poder cumplir con sus obligaciones de pago para con sus acreedores formales, muy especialmente los bancos y otras instituciones financieras, lo que pone en grave riesgo sus pequeños o medianos patrimonios económicos, su casa y su vehículo, máxime aquellos que, previo a la pandemia, ya se encontraban en estado de atraso en sus pagos.

Es cierto que no se trata de la misma situación, ni los mismos fundamentos, que provocaron la gran crisis financiera de los Estados Unidos durante los años 2008-2009, que trajo consigo es desplome de los grandes emporios como Lehman Brothers, Bearns Sterns, Merril Lynch y AIG; ni tampoco la Gran Depresión de 1929-1933. Pero es igualmente cierto que, en ambos casos, fue el propio gobierno norteamericano quien tuvo que acudir en auxilio del sistema financiero y de los cientos de miles de personas, empresas y negocios que resultaron afectadas por ambas catástrofes económicas.

En el caso de nuestro país, los efectos de la crisis económica, derivada de la crisis sanitaria generada por la covid-19, no se han hecho esperar: decenas de miles de empresas, mipymes, negocios y asalariados experimentan graves dificultades para poder honrar sus obligaciones de pago por ante sus acreedores. Siendo los deudores con garantía hipotecaria o prendaria, mayoritariamente de clases media y baja, los que mayores dificultades y riesgos están experimentando, al extremo de ver la desalentadora y dramática posibilidad de perder sus más preciados bienes materiales: su capital de trabajo, inmuebles y prendas dados en garantía, en el caso de las mipymes; y, en el caso de los profesionales independientes y los asalariados: sucasa, que es su hogar y de su familia, y su carro, que es un bien mueble casi imprescindible en el diario vivir. Esto sin ponderar los bienes y servicios fundamentales: alimentación, salud, educación, entre otros.

¿Pero cómo podrían ayudar el gobierno y el sistema financiero nacional sin que les afecte o trastorne su propia existencia o modus operandi? Pregunta que trae al escenario otras interrogantes: ¿quién tiene más poder? ¿quién está siendo más afectado por la crisis? ¿quién tiene el control y manejo del sistema económico y financiero nacional? ¿Quién debe ir en solidaridad de quién?

El gobierno, que administra los bienes del Estado, que son los bienes de todos sus habitantes, es el gran regulador y rector del sistema económico y financiero nacional, bien a través del Banco Central, bien a través de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y demás entes que conforman el aparato estatal, es quien debe ir en auxilio de los deudores con probada dificultad de pago, generada o agravada por los negativos efectos económicos de la pandemia.

Pero, ¿CÓMO PODRÍA EL GOBIERNO AUXILIAR A LOS DEUDORES CON PROBADA DIFICULTAD DE PAGO?

En principio, el gobierno, además de facilitar acuerdos de pago con sus instituciones de servicios como las EDES,  a través del sistema financiero del que es regulador (Banco Central, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos) y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI), en armonía con los bancos e instituciones financieras nacionales, podría disponer, de manera individual o combinadas, entre otras medidas que favorezcan a los deudores con probada dificultad de pago y que inciden en el aparato productivo de la nación (medianas, pequeñas y micro empresas, profesionales independientes, asalariados, trabajadores, entre otros), lo siguiente:

1. Reducción significativa del pago de impuestos sobre la renta.

• Condonación o eliminación total de los intereses por mora.

•  Moratoria o plazo de gracia desde seis meses hasta un año.

•  Renegociación y consolidación de deudas.

• Reducción de las tasas de interés, fijándola por dos o más años.

• Redistribución en cuotas, posibles de ser pagadas, mensuales o diferidas, de los montos o sumas en atraso.

• Amnistía o flexibilización fiscal.

• Acuerdos de pago con las instituciones de servicios, tales como la CDEEE o EDES.

Y es que si el Gobierno no acudiere, con la mayor prontitud posible, en auxilio de las decenas de miles de empresas, mipymes, negocios, profesionales independientes, asalariados, trabajadores y demás personas deudoras con probada dificultad de pago, máxime las que están en legal o pre-legal, en muy breve tiempo estaremos siendo testigos de una gran crisis económica adicional a la que ya estamos teniendo, además de la pandémica crisis sanitaria que nos agobia, de impredecibles pero sí negativas consecuencias, que harán estragos en decenas de miles de familias, con un gran aluvión de clase media reducida a clase baja y de profesionales independientes, asalariados y trabajadores condenados a la pobreza y hasta a la extrema pobreza!

Se conoce del caso de un pequeño o mediano hotel que estando recibiendo algunos turistas, le fue suspendido el servicio eléctrico por una deuda atrasada… ¿Por qué no se le facilitó un acuerdo de pago? O de las medianas, pequeñas y micro empresas que han tenido que desaparecer, despedir sus empleados y hasta perder todo su patrimonio a causa de embargos u otras medidas ejecutados por parte de sus acreedores los bancos y otras entidades financieras. O de profesionales independientes que han perdido sus casas y vehículos en iguales circunstancias…o de asalariados y trabajadores que han visto perder hasta el mobiliario de sus hogares. Todo lo cual suele ocurrir de manera habitual, pero que ahora se agrava e incrementa por los efectos y estragos desastrosos causados por la pandemia.

Dos condiciones finales deben ponderarse: la primera, que insistimos en que deben de ser deudores con probada dificultad de pago, de manera que no se crea que es un espacio para simular una incapacidad de pago y pescar en río revuelto. Y, la segunda, que las renegociaciones y acuerdos derivados de estas eventuales facilidades de auxilio, protección y solidaridad encabezada por el gobierno y el sistema bancario y financiero nacional, deberán ser cumplidas bona fide, de manera cabal y religiosa, por los deudores que así las asuman.

El objetivo es que estas empresas y personas puedan recuperarse económicamente, seguir creciendo y continuar su actividad productiva o su vida normal en la sociedad, lo que constituye, aún a la postre, un paso hacia el desarrollo y el crecimiento económico del país, así como un paso hacia el progreso y bienestar de estos grupos, sectores y personas, cuya incidencia en el sistema productivo de la nación juega un papel de suma importancia.